Milagro Sala cumple 1000 días presa arbitrariamente

Presa por haber soñado y ejecutado un modelo de salud popular inédito en la Argentina y haber puesto en funcionamiento el Centro de Rehabilitación más grande del Noroeste.

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El viernes 12 de octubre de 2018, Milagro Sala cumple 1000 días presa. Presa por haber soñado y ejecutado un modelo de salud popular inédito en la Argentina y haber puesto en funcionamiento el Centro de Rehabilitación más grande del Noroeste.

Milagro Sala es una de las líderes sociales más destacadas e importantes de la Argentina. La organización Tupac Amaru -de la cual es fundadora y principal referente- cuenta con decenas de miles de miembros a lo largo y ancho del país. De fuerte inserción territorial -sobre todo en los barrios más carenciados de los grupos urbanos del noroeste argentino-, constituye un modelo de organización barrial comprometida con la inclusión de mujeres y otras minorías en resortes clave de la vida comunitaria. La organización nació en la provincia norteña de Jujuy -una de las más pobres del país, según datos oficiales- y es allí donde su impacto ha sido más importante, garantizando prestaciones y beneficios a los sectores más desfavorecidos de la población, y brindándoles gratuitamente servicios de Salud, Educación, Vivienda y Alimentación.

Su injusto e irregular encarcelamiento fue a raíz de su participación en una protesta de cooperativistas que acamparon frente a la Casa de Gobierno de Jujuy en demanda de una audiencia relacionada con la entrega de planes sociales. El gobernador de la provincia (y aliado cercano de Mauricio Macri) Gerardo Morales se niega a acatar la resolución de la ONU y desoye repetidamente los llamados a acabar con la persecución política.

Motivados por objetivos políticos, aquellos que detentan el poder se han embarcado en una campaña de calumnias y mentiras contra Sala y su organización popular.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas estableció que “desde diciembre de 2015 hubo un entramado de ‘acusaciones consecutivas’ y un despliegue de causas judiciales destinadas a sostener la privación de libertad de la dirigente social de manera indefinida en el tiempo”, a la vez que solicitó que “el Gobierno implemente en su totalidad las Opiniones que el GTDA adoptó sobre la Argentina”. Y finalmente advirtió que “es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción. La estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina”.